Competencias para prohibir el cultivo de transgénicos en Andalucía

Hace unos días se debatía en el Parlamento Andaluz una proposición no de ley de Izquierda Unida que pedía, entre otras cosas, la prohibición del cultivo de transgénicos en Andalucía. El debate de puede leer en el Diario de Sesiones (página 103 en adelante).

La iniciativa, promovida por la sociedad civil andaluza agrupada en torno a la Plataforma por una Andalucía Libre de Transgénicos (PALT), es muy pertinente. Por un lado, Andalucía es la región lider en agricultura y ganadería ecológica, como bien se encarga de publicitar la Junta de Andalucía. Pero por otro lado, también está aumentando de forma importante el cultivo de maíz transgénico en la región, según los datos de la industria que el Ministerio de por buenos y publicita en un formato cutre que da un poco de vergüenza ajena.

Dos modelos opuestos de agricultura, que no pueden convivir, que hacen urgente tomar una apuesta política clara. La agricultura es un elemento clave de la economía andaluza, y orientarla hacia producciones de calidad, diferenciadas, apostando por la agroecología es un camino incompatible con el cultivo de maíz transgénico.

En el debate celebrado en el Parlamento Andaluz se habló mucho de la cuestión competencial. Si el Gobierno Andaluz, tal y como se comprometió en el pacto de gobierno entre PSOE e IU, puede o no prohibir el cultivo, la experimentación o las importaciones de transgénicos.

Cultivos experimentales

Empezando por lo fácil, la Junta de Andalucía, como el resto de Comunidades Autónomas, tienen competencias en materia de cultivos experimentales. A ellos les corresponde aprobar las solicitudes para experimentar con transgénicos cuando el experimento tiene “fines distintos a los de comercialización”. Es decir, muchos experimentos en ambientes confinados, y algunos al aire libre, pero en un estado temprano. Es el caso que se menciona por parte de IU de Castellón. La Generalitat Valenciana frenó una solicitud de experimentación de la empresa italiana Transactiva para cultivar arroz con genes humanos. Bueno, más bien habría que decir que una enorme movilización social forzó a la Generalitat a paralizar aquel ensayo.

El resto de autorizaciones de campos experimentales corresponden al Estado. Pero las Comunidades Autónomas tienen un representante en la Comisión Nacional de Bioseguridad, encargada de hacer el informe técnico para aconsejar o no el ensayo. Y es bastante dudoso que la parte política, el Consejo Interministerial de los Organismos Modificados Genéticamente vaya a aprobar un experimento rechazado por la Comunidad Autónoma en la que se va a realizar.

Cultivo comercial: maíz MON810 y patata Amflora

Es verdad, como dice el portavoz del PP,  que la aprobación de un cultivo transgénico depende de la Unión Europea. Pero se olvida de muchas cosas. Que España es miembro de la UE, y por lo tanto vota cuando se decide sobre transgénicos (normalmente a favor, no se vaya a enfadar la Embajada Americana). Y que existe en la legislación europea una clausula de salvaguarda por la que un país puede prohibir el cultivo de un transgénico si aporta nuevas evidencias que cuestionen su seguridad. Y es la clausula a la que se han acogido Francia, Alemania, Hungría, Grecia, Austria, Luxemburgo… y más recientemente Italia. Es verdad que en muchos casos la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha desautorizado estas evidencias planteadas por los países. Pero esto se debe a la limitación de argumentos que puede manejar la EFSA. Por ejemplo, los impactos por contaminación genética en la agricultura convencional o ecológica no se contemplan entre estos supuestos. O simplemente la voluntad soberana de un país de definir un modelo de agricultura propio, basado en productos locales, de calidad o ecológicos. Y la práctica ha demostrado que los países que no quieren cultivar transgénicos, lo lo han hecho, a pesar de las pegas de la EFSA, de la Comisión Europea o de Monsanto. Por lo tanto, a nivel estatal, la Junta de Andalucía puede solicitar y ejercer un papel activo para que el Gobierno del Estado prohíba el cultivo de transgénicos. En este caso, del maíz transgénico MON810, ya que BASF retiró del mercado su patata transgénica Amflora.

Zonas Libres de Transgénicos

El movimiento de municipios y regiones libres de transgénicos surgió en Europa hace unos ocho años, cuando la Unión Europea se vio obligada a levantar su moratoria a la aprobación de nuevos cultivos transgénicos por las presiones comerciales a través de la Organización Mundial del Comercio. Se trataba también de llevar el debate de los transgénicos a un nivel más cercano a la ciudadanía, y a los políticos locales, menos vulnerables a las presiones de la agroindustria que a nivel estatal.

Desde entonces, cientos de regiones y miles de municipios europeos declararon su voluntad de ser territorios libres de cultivos transgénicos. Siempre como una declaración de intenciones, ya que no tenían competencias para prohibir un cultivo. Aunque si para promover modelos más sostenibles en su municipio, prohibir alimentos con transgénicos en las dependencias municipales y muchas otras iniciativas. También en el Estado Español, el País Vasco, Asturias, Canarias o Baleares se declararon libres de transgénicos

Madeira, Azores… ¿Andalucía?

Pero desde hace un año todo esto ha cambiado. La Comisión Europea, en su empeño de desbloquear la situación política sobre los cultivos transgénicos, o más bien de quitarse el marrón de encima, ha planteado devolver esta competencia a los Estados miembro. Y en muchos de sus documentos, como las recomendaciones de coexistencia, se plantea la regulación de las regiones libres de transgénicos. Ya dio un primer paso en 2010 cuando permitió a Azores y Madeira, regiones autónomas portuguesas, prohibir el cultivo de transgénicos en su territorio. Lo explicaba la Comisión a pregunta del eurodiputado de ICV Raül Romeva, mientras se debaten y aprueban estas propuestas, decidió no interponerse a la voluntad del Gobierno Regional de Madeira.

Si ha pasado esto con Madeira, ¿por qué no con Andalucía? La primera proposición no de ley que ha aprobado el Parlamento Andaluz se limita a una prohibición en los espacios naturales protegidos y alrededores. El PSOE se opuso a una prohibición de cultivo en todo el territorio, sin duda después de algún toque desde Ferraz. Pero la prohibición forma parte del pacto de Gobierno PSOE-IU, y en función del peso que desde Izquierda Unida se le quiera dar a estar parte del pacto, puede haber margen para que Andalucía encabece la oposición a la política protransgénica de Arias Cañete. Una de las pocas esperanzas de que el Estado Español deje de ser la última colonia de Monsanto

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